El superior Tribunal de Justicia confirmó este jueves que el Juzgado de Instrucción 2 del Distrito Judicial Sur, a cargo de la Dra. María Cristina Barrionuevo, investiga una causa por el delito previsto en el artículo 128 del Código Penal. La persona investigada es un juez de la Cámara de Apelaciones del DJS. 

La causa se encuentra en etapa de investigación y como parte de las medidas ordenadas se realizaron allanamientos tanto en el domicilio del magistrado como en su lugar de trabajo.

En representación del Ministerio Público Fiscal intervienen el Fiscal Mayor interino, Dr. Fernando Ballester Bidau, y la Fiscal Especializada en Violencia de Género, Violencia Intrafamiliar y Asistencia a Víctimas, Dra. María Guadalupe Martire.

La Fiscalía comenzó la investigación a partir de un reporte enviado el 30 de mayo de 2025 al correo institucional del Ministerio Público Fiscal. El informe fue remitido por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos (NCMEC, por sus siglas en inglés), una organización sin fines de lucro  que colabora con investigaciones sobre delitos contra niñas, niños y adolescentes, quien advierte que el IP es de Argentina y lo remite primeramente a la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas del Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Buenos Aires, en el marco del convenio suscripto por el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y del Consejo Federal de Política Criminal (Red 24/7).

El reporte del NCMEC indicaba que se había detectado actividad relacionada con material de abuso sexual infantil vinculada a una dirección IP registrada en la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego por lo que el MPF de CABA que es la que centraliza la información lo reenvía al Ministerio Público Fiscal de Ushuaia. 

Estas alertas se generan cuando plataformas digitales y redes sociales como WhatsApp, Instagram, Facebook, Telegram, Gmail o Google detectan publicaciones, descargas o distribución de este tipo de contenido por parte de sus usuarios.

Con esa información, y tras un análisis preliminar de los datos, el Ministerio Público Fiscal del DJS, formuló el requerimiento fiscal de instrucción en el que solicitó al Juzgado de turno las diligencias necesarias a fin de esclarecer la situación y determinar las responsabilidades que pudieran surgir.

En tanto, el Superior Tribunal de Justicia se mantendrá expectante y evaluará en el momento oportuno el temperamento a seguir "en su faz de investigación interna", a los fines de no entorpecer la instrucción en sede penal.

La defensa asegura que era material de trabajo

Por su parte el doctor Gustavo Ariznabarreta, en declaraciones a  FM 102.4, como defensor del Juez Leonelli, explicó que el magistrado tenía material alojado en la nube de su cuenta personal vinculado a causas investigadas por él, debido a que el Poder Judicial carece de una cuenta propia para hacerlo.

Además  relató que luego de notificarlo de la posible comisión de un delito, Google le cerró la cuenta y no le permitió abrir cuentas nuevas, omitiendo absolutamente el descargo realizado por el magistrado que daba cuenta del uso profesional de las imágenes.

“Esto generó un perjuicio que Leonelli terminó demandando en un juicio actual contra Google, por esta cuestión de asimetría de poderes entre el prestador de un servicio y el consumidor”, detalló.

Además, el abogado no puso objeciones al accionar de la Justicia Fueguina  y dijo que “Lo allanaron porque es lo que corresponde”. No obstante, volvió a afirmar que “él es inocente y el Estado tiene que probar que es culpable”.

Ariznabarreta  confirmó que Leonelli fue notificado de derechos y garantías, por lo que está imputado. Y agregó que “mientras no haya una convocatoria, ninguna persona está obligada a defenderse, a hacer la defensa material. Sí puede controlar todo el proceso en estas instancias iniciales, a ver para dónde va la prueba y si esa prueba, si no se controla, puede ser perjudicial o afectar derechos, nada más que eso”.

Cabe indicar que el camarista se presentó espontáneamente en la policía y entregó las claves de sus dispositivos secuestrados, mostrándose colaborativo. Al respecto, el abogado anticipó que en ellos, “no se encontró nada”.