El Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego dictó el sobreseimiento y la inmediata excarcelación de Ramón Ángel Abregú. El acusado había sido sentenciado en su momento a dos décadas de cárcel por el asesinato de su pareja embarazada en Río Grande, pero la máxima instancia provincial determinó que la acción penal prescribió debido al prolongado tiempo transcurrido desde su fuga.

El crimen tuvo lugar a comienzos de 2000, cuando Abregú persiguió a su esposa, Eva Azulina Falcón —quien se encontraba encinta—, desde la vivienda familiar hasta un consultorio de la clínica privada Cemep. En ese centro médico, la víctima fue ultimada de cuatro disparos. Por este hecho, el Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte lo halló culpable de homicidio simple en concurso ideal con aborto, en concurso real con tenencia ilegítima de arma de guerra, imponiéndole una pena de 20 años de prisión el 28 de septiembre de ese mismo año.

Aunque el Superior Tribunal ratificó la sentencia el 1º de marzo de 2001 al desestimar un recurso de casación, la notificación formal nunca llegó a concretarse: el condenado escapó del centro de detención y se mantuvo prófugo durante más de dos décadas. El expediente penal permaneció paralizado hasta el 17 de octubre de 2023, momento en que el propio Abregú se presentó ante la Justicia para solicitar el cese de la persecución penal y recuperar su libertad, frente a los intentos del Ministerio Público Fiscal por reimpulsar el cumplimiento efectivo del castigo.

La determinación final se plasmó el 23 de septiembre de 2026 dentro del expediente Nº 2073/2026 STJ-SP. El voto mayoritario del tribunal concluyó que, en el período en el que Abregú eludió a las autoridades, no se registraron actos procesales con validez jurídica suficiente para suspender o interrumpir el cómputo legal del plazo prescriptivo.

Para fundamentar la extinción definitiva de la acción penal, los magistrados se basaron en los lineamientos del precedente “Ilarraz” dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el cual fija estándares sobre la vigencia de las acciones punitivas y el resguardo de las garantías constitucionales y tratados internacionales de derechos humanos. Con este marco normativo, la corte fueguina cerró el proceso, sobreseyó definitivamente a Abregú e instruyó su inmediata salida de prisión.