El funcionario explicó que la normativa aprobada por mayoría en la Legislatura buscaba “garantizar” la llegada de los fondos coparticipables desde la Provincia. Y si bien el veto es una “herramienta constitucional”, la postura de Melella impide “resolver un problema que afecta la funcionalidad del Municipio”.

Además, detalló que el 87,5% de los recursos municipales provienen de la coparticipación y apenas el 12,5% corresponde a recaudación propia, y aseguró que actualmente la deuda del Gobierno provincial con Ushuaia “equivale a casi cuatro masas salariales”, lo que sumado a la caída general de la recaudación genera “fuertes dificultades económicas”.

El Municipio de Ushuaia “no tiene un problema de administración si no de recursos”, enfatizó Becerra. “Llegan menos fondos y tarde, lo que provoca retrasos en el cumplimiento de compromisos y servicios esenciales que presta la Municipalidad”.

En cuanto a los pasos a seguir, adelantó que “seguiremos trabajando con los legisladores para insistir con la sanción de la ley”, y expresó que “da la sensación que algunos sueñan que son caballos que se van a convertir en dragones, y no vislumbran que estamos en una situación compleja en toda la provincia”.

Becerra advirtió que la sociedad de Ushuaia “atraviesa una situación compleja por las políticas del Gobierno nacional”, y ahora “hay que sumar esta política de retención de fondos municipales y de bicicleta financiera que no le permite a la gestión garantizar servicios y ejecutar su plan de obras”.

Por último, afirmó que ante los incumplimientos del Gobierno provincial “el intendente Walter Vuoto está defendiendo los intereses de todos los vecinos y vecinas, y la autonomía municipal”.