La petición había sido efectuada por el Defensor ante el Superior Tribunal de Justicia, Dr. Jesús Gonzalez Saber, quien había intimado a la Alcaidía y al HRU a proceder al traslado de la interna en virtud del cuadro de salud que padecía. 

La mujer deberá permanecer en internación y observación en el sector que corresponda por el lapso no menor a 20 días, para que sea atendida de manera integral y se estabilice su estado general de salud. 

Cabe mencionar que los principios humanitarios que rigen el régimen de personas penadas, impuestos por convenciones internacionales como las Reglas de Mandela establece, entre otras cosas, que el Estado tiene la responsabilidad de dar servicios médicos a los reclusos, quienes deben gozar de los mismos niveles de atención sanitaria disponibles afuera del establecimiento.