Arroyo explicó que el proceso se origina a partir de una nota elevada ante el organismo nacional, en el marco de la sanción de una normativa que disponía la transferencia del superávit de la Dirección Provincial de Puertos. A partir de esa presentación se realizó una inspección en el mes de septiembre, cuyas observaciones fueron respondidas en su totalidad con informes técnicos respaldatorios.

“Ese intercambio se desarrolló entre septiembre y mediados de diciembre, sin nuevas comunicaciones, hasta que se recibió una intimación solicitando la nómina de trabajadores”, detalló la funcionaria, quien señaló que si bien el requerimiento no resultó llamativo en sí mismo, sí lo fue la forma en que se instrumentó.

En ese marco, el área legal del Puerto Provincial solicitó acceso completo al expediente administrativo, estrategia en la que participa La Secretaria Legal junto con el equipo jurídico de la Dirección de Puertos, a fin de conocer los fundamentos del acto que originó la intimación. “Se nos otorgó inicialmente una vista por solo cuatro horas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo cual es materialmente imposible y jurídicamente irregular”, explicó Arroyo, señalando que dicha situación fue impugnada.

La secretaria fue clara al señalar que no existe actualmente ninguna intervención sobre el Puerto de Ushuaia, sino un procedimiento administrativo en curso. Asimismo, remarcó que la autoridad nacional tiene facultades en materia de seguridad portuaria, pero no sobre la administración ni la organización interna del puerto provincial.

“El Puerto de Ushuaia funciona correctamente, tiene inversiones en marcha, cumple con los estándares de seguridad y demuestra su operatividad con el nivel de movimiento que registra”, afirmó Arroyo, y agregó que la Provincia está trabajando para defender la autonomía provincial, el normal funcionamiento del puerto y su rol estratégico.