Esta resolución, basada en una interpretación restrictiva de las regulaciones vigentes, no solo impide a la empresa acceder a los beneficios establecidos, sino que la obliga a devolver montos ya acreditados. “Esta situación genera una asfixia financiera inmediata que pone en riesgo la totalidad de la producción y, lo que es más grave, cientos de puestos de trabajo, directos e indirectos” evaluó la Ministra.

En ese sentido, consideró que se genera una triple crisis que ahoga la producción nacional, a partir de un escenario hostil y planificado que desmantela la industria local.

Fernández aseguró que “hay un ataque directo, ya que la decisión administrativa contra Australtex no es un mero trámite técnico. Es un golpe directo al corazón del entramado productivo fueguino, creando un precedente peligroso para todas las empresas radicadas en la provincia”.

Por otra parte, evaluó que “la medida implica un ahogo financiero, ya que obliga a la empresa a reembolsar beneficios en el actual contexto económico y equivale a condenar su operación. Esta carga financiera insostenible lleva la planta al borde del colapso, amenazando con un cese de actividades y despidos masivos”.

“Esta medida se enmarca en una política nacional de apertura indiscriminada de importaciones y de aplicación inflexible de las normas. Esta combinación desincentiva por completo la producción nacional, privilegiando el ingreso de productos extranjeros sobre el trabajo argentino” resaltó la funcionaria.

Asimismo, la titular de la cartera productiva reflexionó que “detrás de cada número hay una familia. Esta resolución no es solo un papel: es la incertidumbre en la mesa de cada trabajador textil”, entendiendo que “la medida profundiza la crisis económica regional y deja a cientos de familias al borde del abismo, sin respuestas claras sobre su futuro laboral”.

Ante esta medida, la Ministra se preguntó ¿Dónde queda el apoyo al empleo nacional? ¿Dónde queda la promesa de reactivación?, señalando que “mientras se hunde a la producción nacional con medidas como esta, se abren las importaciones a manos llenas. Esto no es libertad económica; es un ajuste planificado contra el trabajo argentino”.

“Desde el Gobierno de la Provincia exigimos al Gobierno nacional que rectifique de inmediato este rumbo destructivo. Los trabajadores y empresarios de Tierra del Fuego no pueden ser el costo de un experimento ideológico que prioriza teorías abstractas sobre la realidad concreta de la gente” sentenció la Funcionaria.

Para finalizar, evaluó que “esta no es una crisis natural; es el resultado de políticas concretas. Es urgente dar marcha atrás con esta medida y trabajar en un plan serio que defienda la producción nacional, el empleo regional y el futuro industrial de la Argentina”.