La Justicia Electoral posterga el cronograma y traslada la decisión a la Fiscalía

En un escenario de creciente incertidumbre institucional, la jueza Electoral de la provincia, Mariel Zanini, determinó el pasado miércoles correr vista al Ministerio Público Fiscal para que se pronuncie sobre la viabilidad de avanzar con el cronograma electoral destinado a la reforma de la Constitución Provincial.

La magistrada fundamentó su decisión en la necesidad de actuar con "prudencia" ante la inestabilidad jurídica que atraviesa el proceso, buscando preservar la confianza pública y evitar posibles frustraciones en el electorado y las fuerzas políticas.

Un escenario judicial y legislativo complejo

La resolución de la Dra. Zanini surge tras evaluar tres factores determinantes que condicionan la convocatoria efectuada originalmente por el Poder Ejecutivo:

Recurso ante la Corte Suprema: Existe un recurso de queja en trámite ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, interpuesto por el legislador Jorge Lechman, luego de que se denegara un recurso extraordinario federal en la causa contra la Provincia de Tierra del Fuego.

Derogación Legislativa: Ha tomado estado público la reciente sanción de una ley por parte de la Legislatura Provincial que deroga la norma que servía de fundamento para el llamado a elecciones.

Pedido de Partidos Políticos: En contrapartida, tres fuerzas políticas han solicitado formalmente la emisión del cronograma para obtener "previsibilidad y certeza" sobre los comicios.

Los argumentos de la Magistratura

Para la jueza Zanini, emitir un cronograma en este contexto de "inestabilidad" no contribuiría a la seguridad jurídica. Por el contrario, advirtió que coordinar y publicitar plazos legales en estas condiciones conlleva un "consecuente riesgo de frustración, suspensión o alteración del proceso electoral".

"Esta magistratura estima necesario actuar con la prudencia que las actuales circunstancias imponen, a fin de preservar la confianza pública en los procesos electorales", afirmó la jueza en su resolución.

Al estar comprometidos el orden y el interés público, la causa ha sido derivada a la Fiscalía para que tome intervención como garante de dichos principios. La definición queda ahora en manos del Ministerio Fiscal, que deberá dictaminar si el proceso electoral debe seguir su curso o detenerse definitivamente ante los nuevos marcos legales y judiciales.